Recientemente ha sido aprobado el anteproyecto de Ley de vivienda, en el que se establece un mecanismo -a disposición de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos- para poder reducir el precio de los alquileres. Este mecanismo parte de la identificación de las denominadas zonas tensionadas. La calificación como zona tensionada dependerá de diferentes indicadores como, por ejemplo, que durante 5 años el precio del alquiler se haya incrementado 5 puntos respecto del Índice de precios de consumo (IPC).
Algunas medidas para reducir el precio del alquiler en las zonas tensionadas son la actualización del precio del alquiler exclusivamente al IPC o la concesión de incentivos fiscales consistentes en la posibilidad de que el arrendador pueda deducirse hasta un 60% de la cantidad percibida en concepto de renta en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sin perjuicio de ulteriores reducciones atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso.
Además, se incluyen otras novedades como la obligación de reservar como vivienda protegida al menos un 30% de las viviendas de nueva promoción, o la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan imponer un recargo de hasta un 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de evitar la existencia de viviendas vacías por parte de los grandes tenedores (persona física o jurídica que posea más de 10 inmuebles urbanos).
Habrá que esperar algunos años, si el anteproyecto acaba convirtiéndose en ley, para valorar su impacto en el mercado y verificar si estas medidas consiguen los fines propuestos.
